Ley de Glaciares: “La propuesta del Gobierno la va a empeorar”
La modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno y ya recibió media sanción en el Senado.
Expertos en derecho ambiental advierten que el proyecto para modificar la Ley de Glaciares es inconstitucional, viola tratados internacionales y transforma el acceso al agua, un derecho humano, en un insumo para la industria minera. La advertencia surgió en medio de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde se cuestionó la celeridad del trámite legislativo y la falta de participación ciudadana efectiva. En este contexto, Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), dialogó con Canal 26 a pocos días de haber participado de la audiencia pública y sostuvo que la propuesta del Gobierno “la va a empeorar” .
Napoli argumentó que la iniciativa del Gobierno “tiene una base muy fuerte en inconstitucionalidad” al modificar reglas de distribución de competencias establecidas en la Constitución Nacional. Además, sostuvo que el proyecto atenta contra acuerdos internacionales.
“Es una norma que atenta contra acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresividad en materia ambiental”, explicó. Agregó que también genera problemas con el reciente acuerdo con la Unión Europea, que impide a los países bajar estándares de protección ambiental para favorecer inversiones. “Hay un conjunto de aspectos que lo hacen al proyecto bastante complejo y que va a tener muchos problemas hacia el futuro”, sentenció.
El ambientalista criticó la velocidad y la falta de transparencia en el tratamiento del proyecto y señaló que en la Cámara Alta, el debate fue “casi express”, con un plazo de tan solo tres días en diciembre para emitir un dictamen. “Se trató en una sesión en la cual ni siquiera se sabía qué modificación se iba a tratar”, señaló.
Un dato que, según Napoli, “debería llamarle la atención al Congreso” es la masiva participación ciudadana en las audiencias públicas de Diputados. “Se inscribieron 105 mil personas“, destacó subrayando que la mayoría son residentes de las provincias afectadas. “Es un tema para tomar nota de que algo pasa en la sociedad”, remarcó indicando el alto nivel de preocupación pública que despierta el tema.
Uno de los núcleos de la crítica radicó en el impacto sobre los recursos hídricos: Napoli recordó que la ley vigente protege los glaciares y el periglacial prohibiendo la minería en ese 0,3% del territorio nacional donde se encuentran. “El agua hoy está considerada a nivel mundial, inclusive por decisiones de nuestra Corte Suprema, un derecho humano”, afirmó.
A diez años de la sanción de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y Ambiente Periglaciar, ambientalistas y poblaciones afectadas por los proyectos mineros siguen reclamando su plena aplicación.
El directivo de FARN alertó sobre la consecuencia práctica de la modificación de la Ley de Glaciares para la minería en altura. “Los emprendimientos mineros se van a situar en la altura, van a dinamitar los glaciares porque necesitan sacarlos para poder producir y además se van a apropiar de la poca agua que hay en esa altura”, describió. En su visión, esto implica “transformar un derecho humano en una propiedad privada” y trasladar “un derecho de acceso general a un derecho de uso particular como un insumo para la industria minera”.
Lejos de brindar certidumbre, Napoli concluyó que las deficiencias técnicas del proyecto “no le van a dar seguridad jurídica a los inversores, le van a traer problemas”. Su testimonio reflejó una profunda preocupación del sector ambientalista, que observa en esta reforma un retroceso histórico en la protección de ecosistemas frágiles y estratégicos para el país.
La ONU advierte sobre el peligro de modificar la Ley de Glaciares en Argentina y su impacto en el cambio climático
Expertos de las Naciones Unidas han manifestado su profunda preocupación ante la posible reforma de la Ley de Glaciares en Argentina, en el marco del debate sobre la denominada Ley Ómnibus. Los relatores especiales de la ONU alertaron que debilitar la protección de estos ecosistemas críticos vulneraría compromisos internacionales en materia de derechos humanos y preservación ambiental.
El organismo internacional señaló que los glaciares y el ambiente periglacial son fuentes esenciales de agua dulce y actúan como reguladores hídricos fundamentales para el país. Una modificación en la normativa actual facilitaría el avance de la actividad minera y la explotación de hidrocarburos en zonas actualmente protegidas, lo que aceleraría el derretimiento de los hielos y agravaría los efectos de la crisis climática.
Asimismo, la ONU recordó que Argentina tiene la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que cualquier retroceso legislativo en esta materia podría ser considerado una violación a los principios de no regresividad ambiental.
