Con 12 proyectos en evaluación, el oficialismo ya tiene fecha para debatir la baja de la edad de imputabilidad
La semana que viene habrá un plenario de comisiones en Diputados que reanudará el tratamiento de la iniciativa que impulsa el Gobierno. Los puntos que están bajo la mira.
Las reformas a la legislación penal constituyen uno de los ejes que el presidente Javier Milei propuso al Congreso el pasado sábado 1 de marzo, con motivo de la inauguración del período ordinario de sesiones legislativas. El mensaje del mandatario, en medio de una escalada de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, hizo que se aceleren los tiempos para tratar el tema en el Congreso, donde hay 12 proyectos distintos bajo análisis.
Por tal motivo, ya está trabajando la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, cabecera de los plenarios parlamentarios que llevan adelante las discusiones de las iniciativas vinculadas con la seguridad y la justicia. Estos proyectos avanzaron y lograron la sanción de leyes como Reiterancia, Reincidencia, Antimafia y Juicio en Ausencia del acusado, iniciativas mencionadas por el jefe de Estado en su discurso ante el Parlamento.
Qué dicen los 12 proyectos que hay en Diputados sobre la baja de la edad de imputabilidad
Desde el oficialismo, el Gobierno ya envió un proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años. Otros sectores plantean límites de 14, 15 o 16 años. Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) y Diego Santilli (PRO) apoyan un sistema de responsabilidad penal juvenil desde los 14 y 15 años, respectivamente.
En Unión por la Patria, Natalia Zaracho defendió mantener la edad en 16 años y enfocarse en la prevención y la no reincidencia. En tanto, los libertarios Carolina Píparo y Álvaro Martínez pidieron penas más duras para menores reincidentes, y este último propuso fijar la edad en 12 años, como en Brasil y México.
“El año pasado tuvimos siete sesiones con expertos y la mayoría respaldó nuestra propuesta”, aseguró Campagnoli. Pero advirtió que, si el Ejecutivo no acepta diálogo ni modificaciones, “será difícil construir consensos para aprobarlo”.
El debate sigue abierto y la negociación será clave para definir los cambios en el sistema penal juvenil.
